El «Muslim Ban» de Donald Trump

By Lorie Shaull from Washington, United States [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

En el siguiente artículo de Giovanni Sale, volvemos a abordar el tratamiento que de la inmigración viene haciendo el ejecutivo estadounidense desde la llegada a la presidencia de Donald Trump. Con el argumento de la salvaguarda de la seguridad nacional, en enero y marzo de 2017, Trump firmó sendas órdenes ejecutivas destinadas a restringir la entrada a Estados Unidos de musulmanes procedentes de determinados países.

El denominado por la prensa muslim ban, ha sido enfrentado desde la sociedad civil y también desde la magistratura estadounidense. Sentencias como la de la juez federal de Nueva York ordenando la suspensión de las órdenes ejecutivas, o la del juez federal de Seattle, James Robart, en la misma línea, son ejemplos de la aplicación del principio montesquiano de separación de poderes.

Por Giovanni Sale S.I.

Donald Trump y la magistratura estadounidense.

El 6 de marzo de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impedir la entrada al país de viajeros musulmanes provenientes de seis naciones: Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Esta orden es la segunda versión de una orden ejecutiva precedente fechada el 27 de enero pasado. Respecto del decreto precedente, bloqueado por el tribunal federal de San Francisco, este no enumera entre los países de proveniencia a Iraq. Además, y a diferencia del anterior, tendrá efecto sobre quien pida nuevos visados de entrada a Estados Unidos, mientras que no afecta a los visados ya entregados.

¿Qué significado y qué efectos tiene este muslim ban [prohibición de los musulmanes], como lo ha definido la prensa y que ahora ha sido actualizado? Podemos regresar al 27 de enero.

Sin duda, es la orden ejecutiva más controvertida entre las emitidas hasta ahora por el 45.º presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. La disposición, considerada por muchos analistas como inconstitucional y contraria a los «principios estadounidenses de acogida y libertad», ha suscitado una oleada de protestas no solo entre los intelectuales «liberales», sino también en amplios sectores de la opinión pública estadounidense, como también, insólitamente, en el mundo de las grandes empresas multinacionales, donde la presencia de empleados provenientes de países de mayoría musulmana es a menudo considerable y valiosa. La orden ejecutiva también ha sido unánimemente condenada por los jefes de Gobierno de los mayores países occidentales, mientras que los países árabes, aunque afectados por el ban, han preferido mantener un perfil bajo respecto del hecho.

La disposición ya había sido anunciada días antes, cuando se había emitido otra orden ejecutiva que daba inicio a la construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México con el fin de bloquear la inmigración ilegal procedente de América del Sur. Las cuestiones relativas a la inmigración y la seguridad nacional habían sido agitadas durante la campaña electoral, y a estas había apuntado Trump para obtener el consenso de una parte de la clase media, empobrecida por la crisis económica y por el desarrollo de la economía global y del electorado «nativista», que se sentía amenazado por los «latinos» y por el terrorismo islámico, cuya peligrosidad había sido amplificada con fines electorales.

Muchos observadores eran de la opinión de que Trump, una vez convertido en presidente, iba a moderar su lenguaje y a abandonar sus proyectos más provocadores. Según se decía, pasaría a ser más «presidencial» y pragmático y, en cualquier caso, permanecería sujeto a los vínculos institucionales de los «pesos y contrapesos», como la Magistratura y el Congreso, que es de mayoría republicana y que, por el momento, sigue pasivamente los primeros pasos del nuevo presidente.[1] Hasta ahora estos contrapesos han funcionado solo en parte. Otros, como, por ejemplo, la prensa —considerada el «cuarto poder»—, han sido simplemente demonizados y escarnecidos por el presidente.

Las disposiciones del Muslim ban y la construcción del muro en la frontera con México

Trump considera las disposiciones del muslim ban como medidas extraordinarias y necesarias para la seguridad nacional. La medida disponía que la admisión de los refugiados en Estados Unidos se suspendida durante 120 días, y ello a pesar de que las normas que reglamentan esa materia son muy severas y rigurosas y las condiciones para recibir el permiso de entrada al país son muy estrictas: los tiempos exigidos para examinar la documentación de los solicitantes de asilo suelen oscilar entre 18 y 24 meses. Específicamente, se había suspendido todo el programa de asistencia a los prófugos sirios, impidiendo así que quienes huyen de la guerra encuentren refugio en otro país. Además, en la orden ejecutiva se pedía que en la acogida se diese prioridad a los refugiados de una religión minoritaria del país del que provienen. En la práctica, la disposición tendía a favorecer a los prófugos cristianos, porque se los consideraba en desventaja en comparación con los otros.[2] En cualquier caso, el número total de refugiados en Estados Unidos para 2017 había sido fijado en una cifra no superior a los 50 000, contra los 100 000 fijados por Obama el año anterior. Además, se ha dispuesto una revisión general de los criterios de aceptación de los prófugos en los distintos estados.

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