Los paraísos fiscales

Fernando de la Iglesia Viguiristi S.I.

El 5 de diciembre de 2017 la Unión Europea (UE) publicó una «lista negra» de diecisiete países distribuidos a lo largo y ancho de nuestro planeta, países que, según sus criterios, son paraísos fiscales.[1] Menos de cincuenta días más tarde, la lista disminuyó: los ministros de Economía y de finanzas de la UE decidieron retirar de ella a Panamá, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez. Estos países confluyen ahora en la «lista gris», un enorme conglomerado de territorios que, con los nuevos agregados, suman ya 55 países, los que, aunque no respetan todavía los estándares europeos, han demostrado un compromiso bastante firme por el cambio de su política fiscal.

Los territorios presentes en la lista negra desafían los esfuerzos de transparencia fiscal del mundo civilizado y, con su existencia, posibilitan fraudes fiscales y otros delitos, de los cuales, de hecho, son cómplices. En marzo de 2009, en ocasión de la cumbre del G20 en Londres, los países participantes reconocieron que había llegado el momento de poner fin a tales jurisdicciones poco transparentes. Se publicó entonces una primera lista, en lo esencial con el fin de intercambiar informaciones sistemáticas y constantes sobre las operaciones realizadas en sus territorios por ciudadanos de otros países. No se estableció la obligación de suministrar informaciones a petición de una de las partes, sino que tales informaciones fuesen transmitidas de forma automática y periódica.

Aparecer en una lista de ese tipo implica un estigma internacional, el bloqueo de las ayudas comunitarias, un régimen de vigilancia especial y la limitación de las actividades nacionales para los residentes cuando operan con tales jurisdicciones. ¿Quiere esto decir que pronto se llegará a erradicar el fenómeno? Creemos que sí, pero todavía queda mucho por hacer.

Algunos datos y hechos recientes

Es importante recordar algunas filtraciones de noticias recientes. La primera está ligada a la llamada «lista Falciani». Debe su nombre a Hervé Falciani, experto informático del banco HSBC de Ginebra, que desde 2009 colabora activamente con la Justicia
de varios países europeos suministrando informaciones de las cuentas de más de 130 000 presuntos evasores fiscales que depositaron dinero en los bancos suizos.[2]

La segunda se remonta a 2014, cuando estalló el gran escándalo financiero conocido como «Luxleaks». En ese caso se encendieron los focos sobre Luxemburgo y sobre una situación de intolerable permisividad fiscal con grandes compañías multinacionales que se habían trasladado al Gran Ducado: acuerdos inconfesables para hacer que 350 grandes sociedades pagaran impuestos irrisorios.

Después estuvo el affaire «Mossack Fonseca», una tercera filtración reciente de noticias comprometedoras que representa un hito en esta historia. Todo comenzó hace dos años, cuando un cierto «John Doe» —un difundido seudónimo estadounidense— envió un mensaje al diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) preguntando si estaban «interesados en algunos datos», afirmando que él «estaría gustoso de ofrecerlos». Así estalló el gran escándalo. El SZ comunicó las informaciones al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y, durante doce meses, cuatrocientos periodistas de ochenta países y de ciento nueve redacciones, trabajando en veinticinco lenguas, colaboraron en el cuidadoso examen de los documentos.

En el estudio Mossack Fonseca —el segundo bufete de abogados de Panamá y uno de los más importantes del mundo— se recogieron más de 11 millones de documentos, 2,6 terabytes de datos (46 veces más que los de Wikileaks). Así se descubrió un aparato de figuras jurídicas de diversa naturaleza especializado en la constitución de sociedades tapadera (250 000), sociedades offshore apoyadas por el ordenamiento jurídico de Panamá, un paraíso fiscal considerado por diversos organismos internacionales como una de las jurisdicciones más oscuras y menos colaborativas en materia de transparencia.

Una sola persona habría necesitado 26 años para leer todos esos datos. En cambio, los periodistas, con su trabajo en común, los leyeron y seleccionaron en un año. Los medios de comunicación difundieron los nombres de los propietarios o de los procuradores de las empresas que aparecían en la denuncia: políticos en ejercicio, empresarios exitosos, personalidades de la cultura, artistas célebres y deportistas de fama mundial. Aparte de estos sujetos, presumiblemente ciudadanos respetables, también figuraban entre los clientes de Mossack Fonseca conocidos criminales, traficantes de drogas y miembros de varias organizaciones mafiosas. Esta operación se conoce como «Panamaleaks» o, simplemente, como los «papeles de Panamá». La operación reveló que, a través de Mossack Fonseca, más de quinientos bancos registraron cerca de 15 600 compañías en los paraísos fiscales.[3]

Gabriel Zucman —autor del libro La riqueza oculta de las naciones y uno de los principales estudiosos de estas jurisdicciones opacas— estima que el importe de los capitales asentados en los paraísos fiscales se aproxima al 8% de la riqueza mundial, valorado en aproximadamente 7,5 billones de dólares. Según este estudioso, no todo este dinero rehúye los impuestos, pero sí lo hace casi el 80%. Él considera que los impuestos evadidos cada año a nivel internacional por personas que tienen un patrimonio elevado alcanzan los doscientos mil millones de dólares.

Los flujos financieros hacia los paraísos fiscales tienen una importancia creciente favorecida por la globalización de la economía, por la liberalización de los movimientos de capital y por la movilidad propia de los capitales financieros: una movilidad mucho más amplia que
la del factor trabajo o de otras formas de riqueza. Según la Tax Justice Network («Red de justicia fiscal», prestigiosa institución internacional a favor de la equidad fiscal), en 2015 el flujo mundial anual hacia los paraísos fiscales fue valorado entre 1 y 1,6 billones de dólares. Por tanto, los paraísos fiscales no son de ningún modo algo marginal o irrelevante en las finanzas internacionales. Hay que observar también que un 20% de los flujos dirigidos hacia los paraísos fiscales proviene de personas pudientes pertenecientes a países pobres.

La fiscalidad y el bien común

La fiscalidad es una exigencia ética que legitima el sistema de mercado: aparte de hacerlo posible, lo completa, lo estabiliza y redistribuye los frutos de sus prestaciones. Es comprensible que en toda sociedad haya habido en el pasado una cierta tolerancia fiscal, porque los impuestos deben fijarse de manera racional, teniendo en cuenta tanto su capacidad de financiar el presupuesto como su aportación positiva y no inhibidora del crecimiento de la producción y de la ocupación. Dicho esto, los impuestos son esenciales, están plenamente integrados en el sistema económico y constituyen parte de la esencia misma de una sociedad democrática.