Situación política en Nicaragua

— Antonio Spadaro S.I. —

La situación actual de Nicaragua suscita una gran preocupación. Muchos se preguntan cómo es posible que el presidente Daniel Ortega, que en los años setenta combatió para derrocar la dinastía de los Somoza, busque ahora establecer una dinastía propia y esté reprimiendo la protesta popular que se le opone, surgida en los mismos barrios, en las mismas ciudades, con las mismas estrategias de tomas de tramos de carreteras y de calles que Daniel utilizó en aquella época.

El presidente Ortega lleva ya gobernando en Nicaragua 22 años: de 1979 a 1990 en su primer mandato y, a partir del 2007 hasta nuestros días, por tres mandatos consecutivos. En esta segunda ocasión está decidido a mantenerse en el poder hasta que termine el mandato para el cual fue elegido, o sea, hasta 2021. No faltan quienes temen que después de esa fecha haga todo lo posible por prolongar su mandato o pasarle la presidencia a su esposa, Rosario Murillo.

La represión violenta

Como consta en el informe del 5 de julio del 2018, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), a partir del 18 de abril, día en que iniciaron las protestas, el Gobierno de Nicaragua ha desatado una campaña de represión en la que se pueden distinguir tres etapas. En la primera disolvió violentamente las marchas de protesta cívica. En un segundo momento realizó «operación limpieza», con la que acabó por la fuerza con las barricadas y cortes de carreteras y caminos que se habían multiplicado en gran parte de territorio nacional y, que eran utilizados por la población para protestar y protegerse. En una tercera fase está criminalizando y persiguiendo a todas aquellas personas que participaron en las protestas o que las percibe como opositoras.

A partir del pasado mes de septiembre, el Gobierno ha mantenido ocupadas, además, las rotondas de la capital con manifestantes a su favor protegidos por la policía y las llamadas «turbas sandinistas», bandas paramilitares que el Gobierno define como «policía voluntaria»; además, ha bloqueado o reprimido cualquier manifestación de la oposición, a la que sigue agrediendo selectivamente. Según la OACNUDH, las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno durante todo este tiempo incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno.

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